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Albores de la República en México (1788-1836)


Lorenzo de Zavala

Ediciones LAVP

Cel 9082624010

New York USA

Colección Historia de los países latinoamericanos N° 7

ISBN: 9780463876732

Smashwords Inc.

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Albores de la República en México (1788-1836)

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Capítulo VIII

Capítulo IX

Capítulo X

Capítulo XI

Capítulo XII

Capítulo XIII

Primera parte Capítulo XIV

Segunda parte Capítulo XIV


Capítulo I

Don Agustín de Iturbide se embarcó en Veracruz el día 11 de mayo para el puerto de Liorna, juntamente con su familia, y la nación mexicana quedó entregada al combate de las pasiones y de los partidos, que cada día se hacían más difíciles de conciliar. Desde luego se nombró un poder ejecutivo compuesto de los generales Bravo, Victoria y Negrete. Fueron elegidos suplentes don Vicente Guerrero, don Miguel Domínguez y don Mariano Michelena, que, como veremos después, ejercieron por algún tiempo aquella magistratura.

Este poder ejecutivo nombró un solo secretario del despacho, llamado don José Ignacio García Illueca, que desempeñaba interinamente los cuatro ministerios. Illueca era uno de aquellos hombres que, sin tener una gran capacidad, tenía una comprensión fácil, mucha honradez y expedición en los negocios; pero su estado valetudinario, que dentro de pocos meses le llevó al sepulcro, y la falta de experiencia en el despacho de ministerios que nunca habían existido en México, hacían que los asuntos se entorpeciesen y sufriesen retardos perjudiciales a la causa pública; así es que en los pocos días que ejerció este ministerio universal todo estaba en la confusión y el desorden. Se había derribado al monarca y proscrito su dinastía, echado abajo la familia llamada por el Plan de Iguala y destruido la forma monárquica.

El congreso parecía haber reasumido todos los poderes, y aquella asamblea que se creyó por un momento árbitro de los destinos de la nación, que había visto al ejército y a las provincias proclamar su reinstalación y expulsar al primer jefe, al representante de la independencia nacional, por haberla disuelto, y era el principal pretexto; esta asamblea, repito, que reunida de nuevo al parecer por el voto público decretó el ostracismo de Iturbide y anuló el Plan de Iguala en su célebre ley del 8 de abril, cumplió con estos pasos todos sus destinos y dejó de ser útil a los que de nuevo entraban a dirigir la opinión y los sucesos.

Los republicanos y los borbonistas estaban ya satisfechos en cuanto a haber desaparecido el obstáculo que se oponía a sus proyectos; más los segundos encontraron el desengaño al momento. Los primeros habían conseguido un triunfo completo; ya no debían pensar más que en consolidarlo, y en verdad no fueron indiscretos en hacerlo.

Mas habiendo ya variado los intereses, era una consecuencia necesaria que se separasen. Unidos, como hemos visto, para hacer la guerra a Iturbide, conseguido el objeto no podían continuar en buena armonía personas que tenían tendencias tan diferentes, y una nueva división de partidos se presentó en la escena. Los iturbidistas desaparecieron por lo pronto con sus pretensiones y se unieron con los republicanos federalistas, que eran en mayor número en las provincias que en la capital.

Los borbonistas, que con la abolición de los artículos que llamaban a los Borbones a reinar en México no podían ofrecer como cuestionable su derecho, se unieron a otro partido que se formó, y fue el de los centralistas, es decir, el de los mexicanos que querían la república una e indivisible. A este partido se agregaron los españoles, la aristocracia del clero y los generales Bravo y Negrete, que fueron puestos por los directores de él a la cabeza de las tropas destinadas a sofocar el espíritu de federación en las provincias.

Constantemente se observa que las clases privilegiadas, las personas que viven de los abusos de las administraciones pasadas, son las que oponen los obstáculos a las reformas, y pertenecen siempre al partido estacionario en las épocas de las grandes crisis de los Estados.

Esto sucedió en México y sucederá en todas partes. Los españoles, que explotaban en beneficio suyo el país, pertenecieron constantemente a los partidos que hacían menos concesiones a la mayoría; y los veremos siempre tomando un vivo interés, primero por el sistema colonial, luego por la monarquía borbónica, después por el centralismo y posteriormente por el sistema militar, que bajo las fórmulas federativas domina el país.

La primera necesidad que sintieron los directores de la revolución que se acababa de hacer fue la de numerario. Las cajas estaban exhaustas. Las tropas habían vivido por tres meses de préstamos forzosos hechos por los generales del ejército en las provincias, y no podía permanecer por más tiempo este desorden sin provocar un general descontento. Se proyectó desde luego un préstamo extranjero de ocho millones de pesos; pero esta medida era lenta y exigía una dilación al menos de ocho meses.

¿Cómo se proveería a las urgencias del momento? Se ocurrió a una bancarrota del tabaco y se propuso y aprobó la venta de un millón de pesos labrados con un quebranto de veinte por ciento. Las utilidades eran seguras y realizables dentro de poco tiempo. Se vendía el monopolio de este artículo con la facultad de usar el privilegio en lugares determinados. Se aprobó también, en mayo de 1823, el primer préstamo de ocho millones de pesos, y la casa de Staples hizo un suplemento en cuenta de este préstamo de un millón de pesos, con un interés de seis por ciento y al valor de sesenta por ciento, teniendo además las hipotecas que pidió.

En este contrato veremos a su tiempo tomar una parte activa un ministro inglés, que fue separado por esta causa de su destino. Pocas negociaciones se han hecho tan ventajosas como ésta. Mas en México se ha hecho lo mismo que en todas partes cuando ha habido escaseces y las necesidades urgían. Las de las tropas, sobre todo, son tan fuertes y de tanta exigencia, que ningún sacrificio es grande cuando se adquiere para sostenerlas. Esta es la mayor plaga de aquellos países.

Además del préstamo para que se autorizó al poder ejecutivo, se tomaron otras medidas financieras, que no tuvieron mejores resultados que las de que se echó mano anteriormente. Se dio un decreto para que todos los habitantes, desde dieciocho hasta sesenta años, pagasen por tercios una contribución que equivaliese al trabajo de tres días del año; decreto que encontró muchas dificultades en su ejecución, como todos los de contribuciones en los países en que no hay ningunos datos estadísticos. Otro decreto se dio en aquellos días, que tenía por objeto amortizar los ochocientos mil pesos flotantes de papel moneda que había creado el gobierno de Iturbide, admitiendo una octava parte del pago de los derechos y contribuciones, providencia que hizo subir el valor del papel moneda hasta ochenta y noventa, cuyo precio era el de veinte hasta treinta por ciento antes de este decreto.

El congreso se ocupaba seriamente de medidas administrativas y se advertía una actividad, un celo, una aplicación ardiente a útiles trabajos, a leyes de reforma que hubieran servido de mucho en las circunstancias en que había quedado el país, después de las dos revoluciones que había experimentado en menos de tres años. Mas nada podía restablecer su concepto en las provincias. Los iturbidistas, unidos con los partidarios de un gobierno federal, proclamaron una nueva convocatoria y fijaron al congreso los límites de sus facultades a dar una ley de elecciones para una nueva asamblea constituyente.

El partido iturbidista, convertido en federal, creó un periódico titulado El Águila Mexicana, primer impreso de pliego diario que salió a luz en la nación. En el Estado de Jalisco se escribía otro periódico, El lris, y en estos impresos se pintaba la revolución últimamente ocurrida como obra del partido borbonista, manejada hábilmente por los españoles para restablecer el sistema colonial, o al menos levantar un trono a la familia reinante en España.

Ya se supondrá fácilmente que se inventaron calumnias, en las que los principales acusados eran Echávarri, Negrete, Morán, Arana, Fagoaga y todos los que habían hecho profesión pública o secretamente de sus principios monárquicos con una dinastía extranjera. Los centralistas resucitaron su antiguo periódico El Sol, que, a imitación de El Águila, salió diariamente.

Los dos diarios se combatían con furor, y debe suponerse que en un país poco civilizado el ataque a las personas ocupaba la mayor parte de las columnas.

Las discusiones políticas eran muy raras y sumamente superficiales. Cada partido creía ver en las páginas de Bentham, o quizá en los discursos de Mirabeau, una doctrina acomodada a las circunstancias, y los plagios de éstos u otros escritores, o sus textos detestablemente aplicados, era lo menos malo que había en estos escritos destinados a ilustrar al pueblo.

Pero había un partido ya irresistible que tomaba cada día más fuerza. Un partido que, abriendo una puerta amplia a empleos y cargos lucrativos y honoríficos, bajo el nombre de república federal, no podía encontrar más resistencia que la débil voz de la capital, en la que había el interés de centralizar el poder, las riquezas y los destinos de las provincias.

El ejército, o mejor diré, los directores de la fuerza armada no formaron entonces su facción; tomaron diferentes direcciones; cada jefe tenía su opinión. Bravo, por ejemplo, Negrete y Morán se declararon por el gobierno central. Bustamante, Quintanar, Guerrero y Barragán abrazaron el de los federalistas.

Santa Anna proclamó en San Luis Potosí estos principios, y por esta combinación de circunstancias los abogados y estudiantes de las provincias pudieron obrar con libertad en favor de esta forma de gobierno y alegar en su apoyo la opinión pública y la voluntad general. Las diputaciones provinciales de Guadalajara y Yucatán comenzaron declarándose poderes legislativos y dando una existencia política independiente a sus provincias, que llamaron Estados soberanos. Las demás provincias siguieron este ejemplo.

El congreso general fue despojado de todas las facultades legislativas por las diputaciones y ayuntamientos, que le intimaron la orden de reducirse a dar una ley de elecciones. Se le llamó congreso convocante en vez de constituyente, y se nombró una comisión en el seno de aquella asamblea para que dictaminase acerca de si se reduciría como querían las diputaciones provinciales, a la humillación de declararse convocante y dar una ley de elecciones para el constituyente, o si continuaría dando leyes generales y constituyendo la nación.

¿Quién creería que muchos diputados que se habían opuesto al nombramiento de Iturbide, alegando falta de facultades y de poderes, no tuviesen entonces escrúpulos de declararse por la permanencia del congreso para constituir la nación en forma republicana? Olvidaban entonces que habían jurado, al tomar asiento en los bancos que ocupaban, que formarían la Constitución de la nación mexicana sobre las bases fundamentales del Plan de Iguala, esto es, bajo la monarquía extranjera.

Hago esta observación no para apoyar en manera alguna ni la monarquía ni el Plan de Iguala, sino para argüir de inconsecuentes a esas personas, que sólo tenían escrúpulos cuando les convenía, y que si querían la continuación del mismo Congreso, deseaban permanecer en la falsa posición en que los había colocado el curso de los sucesos.

La cuestión de la convocatoria era entonces el asunto principal de los partidos. Anteriormente Iturbide la pedía, y el congreso tenía en su favor a todos los que profesaban ideas liberales o republicanas, y a los españoles y borbonistas. En el día eran muy diferentes las circunstancias. Ya el congreso de 1822 no tenía más apoyo que estos dos últimos; el interés de la clase media era obtener el poder y los medios de dominar; era imposible balancear su número y su influencia.

En realidad era lo que más se acercaba a la república o a la utilidad de las masas, porque las clases pobres, siempre que tuviesen capacidad, eran llamadas a figuraren el teatro político. Los más notables miembros del Congreso, lo que puede llamarse su aristocracia, estaban contra la nueva convocatoria. Pero ¿qué podían hacer contra el clamor de todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales, y de los nuevos políticos de las provincias, que clamaban por federación y nueva asamblea?

Fue necesario ceder. Ei congreso general formó una nueva ley de elecciones, ley conforme a la de las Cortes de España, que concede el derecho de sufragio activo y pasivo a todos los ciudadanos que no están suspensos de los derechos políticos por alguna causa.

El congreso permanecía en inacción porque las provincias no querían reconocer sus decretos; y como las tropas, como he dicho, no obraban entonces, se puede decir que la expresión de la mayoría libre, contraria a las determinaciones de la asamblea, era nacional.

Por este tiempo llegaron a Veracruz y pasaron hasta Jalapa los señores Osees e Irisarri, comisionados del gobierno español sin ningún carácter público, al menos que hubiesen manifestado. Entablaron relaciones con don Guadalupe Victoria, que mandaba la provincia de Veracruz, y permanecieron sin adelantar nada y sin que el congreso ni el pueblo hubiesen llegado a saber qué intentaban o qué pedían.

Probablemente sólo eran espías del gabinete de Madrid, porque habiendo permanecido tres o cuatro meses en la república, salieron de ella sin haber establecido relaciones de ningún género con el gobierno general, pues aunque la nación no tenía entonces un gobierno establecido con el que pudiese tratarse, y por una coincidencia notable estaba en el mismo caso que la española, en la que había dos gobiernos, el de la regencia de Urgel y el que condujo a Fernando VII a Sevilla y luego a Cádiz, sin plan, sin sistema y sin valor para hacer lo que exigía su situación delicada y peligrosa, pudieron dirigirse al Congreso.

San Juan de Ulúa estaba todavía en poder de las tropas españolas, y desde aquel islote, distante una milla de la ciudad de Veracruz, amenazaban la destrucción de esta preciosa población, levantada a costa de muchos millones y trabajos. Mientras estuvo en Ulúa de comandante don José Dávila, existía entre las dos plazas la mayor armonía. Los comerciantes españoles de Veracruz, que eran muchos, depositaban sus caudales en el castillo y tenían relaciones íntimas con la guarnición.

Veremos dentro de poco el principio de las hostilidades, que causaron daños enormes a la ciudad y condujeron a la toma de la fortaleza, último baluarte de los peninsulares en la Nueva España.

Mientras en el congreso general se debatían las cuestiones de convocatoria y las provincias se declaraban sucesivamente Estados, en la de Guadalajara se formaba un partido a cuya cabeza estaban los generales Quintanar y Bustamante, ambos apasionadamente adictos al ex emperador Iturbide.

Estos jefes se habían declarado por el sistema federal y encontraban el apoyo de todos los que habían abrazado con entusiasmo esta forma de gobierno. Tenían, sin embargo, proyectos ocultos; proyectos que se cubrían bajo las apariencias de federación. Sus planes eran restablecer el trono de Iturbide, y aunque obraban con la mayor cautela, era imposible que tramas de esta naturaleza permaneciesen por mucho tiempo ocultas.

Guadalajara, una de las provincias más ricas y pobladas de México, cuya capital ha tenido universidad y otros establecimientos literarios, cuyos habitantes están dotados generalmente de una imaginación viva, de inteligencia clara y de cierta ligereza en sus juicios; Guadalajara, distante de México ciento sesenta leguas, opuesta al sistema de monopolios de la corte y rival de ella, levantó con energía la voz y se declaró el centro de asilo de todos los republicanos federalistas. La escisión era pública, la diputación provincial daba decretos, formaba la ley de elecciones para su legislatura, y a ejemplo de esta provincia y la de Yucatán, situada al extremo opuesto de la República, todas las demás provincias hacían lo mismo.

En estas circunstancias se procedió al nombramiento de nuevos diputados para el segundo congreso constituyente. Estos mandatarios del pueblo debían venir con poderes amplios para constituir a la nación conforme a la voluntad general. La base de elección era la de un diputado por cada setenta mil almas o el residuo de más de cuarenta mil. Las provincias que no llegasen a este número de habitantes, debían, sin embargo, enviar un diputado.

En el mes de octubre de 1823 se instaló solemnemente el nuevo Congreso, precisamente un año después de la disolución violenta hecha por Iturbide de la asamblea anterior. Los diputados de los nuevos Estados vinieron llenos de entusiasmo por el sistema federal, y su manual era la Constitución de los Estados Unidos del Norte, de la que corría una mala traducción impresa en Puebla de los Ángeles, que servía de texto y de modelo a los nuevos legisladores. Don Miguel Ramos Arizpe se puso a la cabeza del partido federal y fue nombrado presidente de la comisión de Constitución. Ya no había partido monárquico

. El de los centralistas lo componían, como principales, los diputados Becerra, Jiménez, Mangino, Cabrera, Espinosa, doctor Mier, Ibarra y Paz. El de los federalistas, Ramos Arizpe, Rejón, Vélez, Gordoa, Gómez Farías, García, Godoy y otros.

El ministerio se había compuesto ya, después de la organización del poder ejecutivo, de los señores don Francisco de Arrillaga, en Hacienda; don Lucas Alamán, en Relaciones Interiores y Exteriores; don Pablo Llave, en Justicia, y don José Joaquín Herrera, en Guerra y Marina.

El primero es un español que se había adquirido la estimación de los que le conocían, por sus modales dulces y una urbanidad que no era por lo general la cualidad más común en los españoles que pasaban a América. Había tenido la desgracia de quebrar, porque en la guerra de independencia las tropas de ambos partidos destruyeron completamente su valiosa hacienda de Paso de Ovejas, en la que había invertido sus capitales adquiridos por el comercio. Arrillaga se había dedicado a la lectura de los economistas y adquirió alguna tintura de esta ciencia, lo que le hacía ser considerado en Veracruz, lugar de su residencia, como uno de los hombres más instruidos. Este concepto y sus relaciones con los que estaban en el poder influyeron en su nombramiento para aquel destino, a pesar de ser español; ninguno, sin embargo, dudaba de sus sentimientos liberales.

Don Lucas Alamán había estado en Europa por el espacio de algunos años y no había tomado ni parte ni interés en las revoluciones que agitaban su patria. Extraño a estos grandes sucesos, fue nombrado diputado para las Cortes de España de 1820 y 1821. Tomó parte, con sus compañeros, en las proposiciones que se hicieron para establecer gobiernos independientes en América, y en 1823 llegó a Veracruz después de siete años de ausencia. Sus maneras, aunque estudiadas, de decir y de presentarse en la sociedad, le han adquirido una reputación de hombre de importancia en un país en que la civilización no está aún adelantada. Alamán habla con alguna facilidad, pero nunca profundiza ninguna cuestión y menos la analiza. En otra ocasión diré cuanto baste a dar a conocer este personaje, presentando sus acciones.

Don Pablo Llave, canónigo de Valladolid, igualmente extraño a las revoluciones de México, diputado en las Cortes de España de 1820, fue hecho tesorero de la catedral de Valladolid de Michoacán por el partido liberal. Yo no sé que haya hecho ningún servicio a su país. Es hombre de muy pocos recursos mentales y sin ningún género de instrucción; porque aunque se ha hablado de él como de un botánico instruido, un folleto que publicó en México sobre las plantas indígenas manifiesta lo contrario. Aun cuando ha sido francmasón en España, en América se ha unido al partido eclesiástico, y constantemente ha obrado y votado en este sentido.

No es éste el único ejemplo de eclesiásticos americanos que fueron liberales en América.

Don José Joaquín Herrera era boticario de la villa de Córdoba, y su patriotismo le hizo tomar las armas contra los españoles en la guerra de independencia. Se distinguió en la acción de aquella villa dada contra el coronel Hevia, en la que murió este jefe español. Herrera es hombre de talentos medianos, de mucha honradez y de sentimientos republicanos.

Al mismo tiempo que las provincias de México se declaraban Estados independientes, proclamando el sistema de federación, el vasto territorio de Guatemala se separaba enteramente de la nación mexicana. El general don Vicente Filísola, encargado del mando de aquellos países, empeñado en una lucha desigual contra la opinión altamente pronunciada por la independencia del gobierno mexicano y un número de tropas nacionales muy superior al que tenía Filísola, y que se aumentaba diariamente, se vió obligado a abandonar el territorio de Guatemala; y esta nueva república, tomando el nombre de República del Centro de América, y declarándose independiente, entró en la categoría de las otras naciones desprendidas del gobierno español.

La provincia de Chiapas, que anteriormente a la independencia de las Américas españolas estaba comprendida en el círculo de la jurisdicción del presidente de Guatemala, pero que tiene relaciones comerciales con Oaxaca y Tabasco, Estados ambos de la federación mexicana, no entró desde luego en la nueva coalición de las provincias del Centro de América.

Su posición a una distancia de doscientas leguas de la capital y del centro de las operaciones por caminos intransitables no permitía que las tropas de los guatemaltecos pudiesen atacar a las de los mexicanos, que ocupaban a Ciudad Real y otros puntos de aquel Estado. La cuestión no debía ventilarse por las armas, y dichas naciones, que estaban en aquella época haciendo ostentación de respetar los derechos de los pueblos y su voluntad expresada por sus sufragios, no quisieron remitir el resultado a una guerra que hubiera sido quizá el origen de odios y rivalidades inextinguibles.

El agente de Guatemala en México, don Juan de Dios Mayorga, propuso el arbitrio de la votación; y el congreso mexicano, después de declarar solemnemente que reconocía la independencia de la República del Centro, unida el año anterior al Imperio mexicano, arregló el modo en que los habitantes de la provincia de Chiapas habían de declarar si pertenecerían a la República Mexicana o a la de Guatemala. Se nombraron comisionados por ambas partes y el resultado de la votación fue en declararse Chiapas parte integrante de la nación mexicana. Este nuevo Estado fue agregado después en el catálogo constitucional, no habiendo ocupado lugar en el acta constitutiva que salió en enero de 1824.

A fines del año de 1822, el gabinete inglés había enviado a México, con comisión reservada, al Dr. Mackie, con el objeto de que informase a su gobierno del estado político de Nueva España, así como Mr. Poinsett había recibido el mismo encargo en la referida época por el gabinete de Washington. Sea en consecuencia de los informes de Mr. Mackie, sea por las exigencias políticas de Europa, con motivo de la reunión de los representantes de la Santa Alianza en Verona en diciembre del mismo año, y de la invasión hecha por el ejército francés en la península española para restituir el poder absoluto a Fernando VII, el ministerio inglés, dirigido entonces por Mr. Canning, resolvió enviar a México una comisión compuesta de Mr. Lionel Harvey, y Mr. Ward, que debería recibir sucesivamente instrucciones y poderes conforme a las circunstancias, habiendo sido nombrado Mr.

Carlos O'Gorman cónsul general, que salió con aquéllos de Portsmouth en octubre de 1823. El comisionado secreto, Dr. Mackie, llegó a Londres, de regreso de su comisión, en noviembre del mismo año, llevando a don Francisco de Borja Migoni los despachos de agente confidencial del gobierno de México cerca del gabinete británico. Este fue el principio de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Ya en noviembre de este año, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Mr. Henry Clay, se había presentado al Congreso, manifestando la opinión del presidente Mr. Adams, para que se hiciese una solemne y franca declaración de reconocimiento de la independencia de aquellos Estados.

Muy honorífica fue a los sentimientos nobles e ilustrados del gabinete de Washington aquella conducta, y las cámaras legislativas, penetradas de los mismos principios, no vacilaron en aprobar la proposición del presidente, a excepción únicamente de Mr. Randolf, diputado por uno de los Estados de Occidente, que combatió la medida, tratando a los mexicanos con la misma urbanidad con que posteriormente se presentó en la corte de San Petersburgo, dando una idea muy poco ventajosa de civilización.

Capítulo II

Cuando el congreso se ocupaba en las bases de una acta constitutiva que organizase cuanto antes los Estados nuevamente salidos de la revolución, y que sin ninguna regla para gobernarse ni entenderse entre sí y con el gobierno general presentaban la imagen del caos, las tropas existentes en la capital, abandonadas a sí mismas, en medio de la relajación de todos los resortes de la administración, estimuladas por algunos jefes, se dispusieron a formar una conspiración cuyo objeto era pedir al congreso una ley para que se separase a todos los españoles de los empleos.

El jefe ostensible de esta conspiración era el brigadier don José María Lobato; pero este individuo acusó después como a motores principales a don Mariano Michelena y a don Antonio López de Santa Anna. Es muy difícil saber la verdad. Michelena ocupaba entonces una plaza en el poder ejecutivo como suplente, y don Pedro Celestino Negrete, aunque español, ocupaba otra como propietario. Don Francisco Arrillaga, igualmente español, era secretario de Hacienda.

Acusó a Michelena la voz pública de haber querido separar a estos individuos para ocupar una de sus plazas. Lo que es cierto y me consta, es que había una sociedad secreta que dirigía Michelena y que de este conciliábulo salían varias resoluciones que influían en las cosas públicas.

El suceso de Lobato comenzó en 23 de enero de 1824 por la noche, en el cuartel de los Gallos y en el convento de Belén, en la ciudad de México. Los principales representantes de esta sedición fueron Lobato, el teniente coronel Stávoli, los oficiales Barberis y un capitán Melgarejo. A la voz de las tropas que ocupaban aquellos cuarteles, toda la guarnición de la capital acudió en masa, y las plazas guarnecidas por los soldados quedaron desiertas. Las cárceles, la Casa de Moneda, el palacio, todo fue abandonado; los miembros del poder ejecutivo, viéndose sin ningún individuo a quien comunicar sus órdenes, tuvieron que refugiarse al edificio del congreso para estar con alguna seguridad.

La capital estaba en la mayor confusión, porque sin haberse disparado un tiro ni empeñado un combate amenazaba una conflagración general; sólo un cuerpo mandado por don Félix Merino, el 7° de infantería, compuesto cuando más de doscientos hombres, rehusó tomar parte en la rebelión. Este fue el único que podía oponerse a más de dos mil hombres que formaron esta trama.

No pudiendo obrar el Ejecutivo, el Congreso, en sesión permanente, se ocupaba en apagar la sedición. Se hacían alternativamente promesas y amenazas a los rebeldes; el general Santa Anna, que corría desde un punto al otro, ofreció al congreso su persona y su espada; el agente inglés Mr. Harvey pasó una nota al ministro de Relaciones Alamán, en la que, a pretexto de protección de las propiedades de los súbditos de S. M. B., reclamaba contra el movimiento tumultuario de las tropas, haciendo una especie de amenaza de retirarse del territorio si aquel desorden continuaba, no se hizo mención en el congreso de esta nota, a petición de Alamán.

Los que sabían hasta dónde deben extenderse las relaciones de un enviado atribuyeron esta nota confidencial a un artificio de Alamán para intimidar con aquel arbitrio a los sediciosos, a falta de todo otro recurso en el gobierno. Algunos diputados estaban en inteligencia con aquéllos y sostenían en el congreso el proyecto de dar un decreto para separar a los españoles de sus destinos.

El congreso se mantuvo firme; se negó a dar ninguna resolución sobre la demanda hecha con la fuerza armada, fundado muy racionalmente en que un decreto semejante sería obra de la violencia y no la expresión libre de los representantes del pueblo. Esta firmeza desconcertó a Lobato y sus cómplices; no se atrevían a atacar al congreso, porque esta asamblea era muy respetada por la nación entera; era la única tabla de naufragio.

Las tropas sublevadas permanecían inactivas en sus cuarteles, mientras el gobierno circulaba órdenes a los Estados para reclamar auxilios. El general Guerrero, que se hallaba en el Sur, fue llamado a la capital. El nombre solo de este campeón bastaba a intimidar a los revoltosos. Guerrero manifestó desde luego que era contrario a los proyectos de las tropas rebeldes; que aunque conocía que la opinión pública no aprobaba la permanencia de los españoles en los destinos públicos, por la desconfianza que inspiraban, jamás entraría en ningún acto que tuviese por objeto sacar por la fuerza o el temor una ley o decreto cualquiera del Congreso.

Al general Hernández y al teniente coronel González, que por el rumbo del sur de México habían proclamado la misma medida que Lobato, los había mandado desarmar.

Más no por eso dejaron de existir otras partidas armadas que pedían lo mismo, y bajo este pretexto cometían varias tropelías en la provincia de Puebla, bajo las órdenes de Vicente Gómez, temible guerrillero del tiempo de la revolución.

Lo peor era que partidas numerosas de ladrones infestaban el camino de Veracruz a México, so pretexto de pedir la expulsión de españoles, lo que perjudicaba mucho al comercio y daba una idea muy triste a la Europa de la situación del país. Posteriormente este Vicente Gómez, de quien no volveré a ocuparme, fue desterrado a California, en donde un compañero le mató de un tiro.

La presencia y oposición de Guerrero, la enérgica conducta del congreso, que declaró fuera de la ley a los disidentes, si en un término dado no dejaban las armas y se sometían, y más que todo, la debilidad de los directores de aquella asonada, hicieron desaparecer la tempestad al cabo de tres días.

El teniente coronel Stávoli, los Barberis y otros pocos se mantuvieron firmes en su propósito, pero ya no podían oponer resistencia. Lobato había cedido, y con él la mayor parte de las tropas. El poder ejecutivo entró en sus funciones y los obstinados fueron hechos prisioneros. A Stávoli le sentenciaron en el momento a pena capital, pero el congreso la conmutó por otra más suave y salieron desterrados fuera de la República éste y otros oficiales cómplices de Lobato. Así concluyó la conspiración que se llamó de Lobato, por haber sido el jefe que la presidió.

Si se profundizan las causas que pudieron dar origen a este primer movimiento contra los españoles, después de un silencio de tres años en el particular, es decir, después de que hecha la independencia no se había pronunciado contra ellos ningún partido, ninguna facción, ni aun la imprenta misma, no es difícil encontrar el origen en el odio que se había acumulado sobre ellos por la conducta constantemente hostil que siguieron contra Iturbide y contra todas las medidas que podían conducir al establecimiento de un gobierno nacional y libre.

Existían, además, en el territorio mexicano gran número de peninsulares que habían degollado, mutilado, empobrecido a muchos individuos y a multitud de familias en el período de la revolución, y la presencia de estas personas -las más colocadas en empleos lucrativos y otras enriquecidas con el fruto de sus rapiñas- irritaba a los mexicanos, que no creían hecha enteramente la independencia mientras estuviesen sus antiguos opresores participando del mando y disfrutando de las rentas que produce.

Este sentimiento, hasta cierto punto nacional, degeneraba luego en las clases bajas de la sociedad. Los bienes mismos de los españoles llegaban a ser un objeto de su codicia y de su envidia. Y de esta manera fue formándose esa opinión, que después se hizo un partido formidable, cuya divisa era: Fuera los españoles, que se desenvolvió con tanta fuerza como violencia posteriormente. No es fácil deslindar hasta qué punto puede llamarse nacional un sentimiento que con mucha facilidad se confunde con el deseo de obtener empleos que otros tienen.

Es evidente que sin este estímulo la independencia no se hubiera conseguido tan fácilmente, porque generalmente los pueblos obran muy pocas veces por ideas abstractas, por teorías de gobiernos, por esperanzas que no se palpan. Que los jefes de la nación antiguamente constituida, asentada sobre hábitos inveterados, costumbres respetables, usos, religión, propiedades, leyes, comercio; en suma, fundada, por decirlo así, sobre una serie de siglos, al ser invadida su independencia por extranjeros que amenazan la subversión de todo lo que más aman y respetan, invocando el patriotismo subleven las masas y hagan nacer un entusiasmo general, se comprende muy bien y se explican los motivos; pero que en un país sin civilización, en el que se mantienen las leyes, las costumbres, los hábitos, la religión, las preocupaciones, un sacudimiento general arroje al gobierno establecido, organice otro y declare su independencia de la metrópoli, es difícil el explicarlo sin ocurrir a aquel deseo innato que tienen todos los hombres de mejorar su suerte, sustituyéndose en lugar de los que disfrutan de ciertas comodidades.

Los que para contestar a este raciocinio aleguen el ejemplo de los Estados Unidos del Norte no merecen ninguna atención.

Tranquilizada la capital, el Congreso, que había trasladado al palacio virreinal el lugar de sus sesiones por aquellos días, volvió a San Pedro y San Pablo, y continuó su discusión sobre el Acta Constitutiva. Este documento era una declaración anticipada de los principios adoptados para el gobierno de la federación, en que se contenían las bases del sistema que deberían sentarse en la Constitución federal, y como una garantía de que el congreso había entrado francamente y de buena fe en la forma de gobierno que habían pedido los Estados.

Se declaraba la soberanía nacional, la independencia de los Estados de México, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Texas, Occidente, Tamaulipas, Valladolid y Guanajuato. En la Constitución se añadió Chiapas. Se estableció la independencia del poder judicial, la organización de los poderes ejecutivo y legislativo, la intolerancia religiosa, los fueros del clero y de la milicia y otros artículos secundarios.

La sanción de este decreto constitucional y su inmediata publicación era una medida que demandaban imperiosamente las circunstancias, y así apareció a los cuatro meses, como si hubiera sido preciso hacer un gran esfuerzo para copiar artículos de la Constitución española y de la de los Estados Unidos del Norte y darles una forma regular y ordenada. Las discusiones fueron largas y acaloradas; la mayor parte de los discursos, indigestos y poco convenientes.

El partido centralista combatía en retirada, porque fue derrotado desde las primeras votaciones. Ramos Arizpe era el corifeo del partido federal, lugar que le cedieron sus colaboradores por su antigüedad y su estado; pero sostenían las discusiones los diputados don Juan de Dios Cañedo, don Prisciliano Sánchez, Rejón, Vélez y otros.

Cañedo había sido miembro de las Cortes españolas en 1821 y manifestado en la tribuna algún desembarazo y facilidad para hablar. Sus frases son claras; sus conceptos, aunque comunes, los presenta con gracia y novedad, y muchas veces mezcla el chiste y el sarcasmo con oportuna felicidad. Es uno de los mexicanos más instruidos, y, con menos versatilidad de carácter y opiniones, haría un hombre de Estado sumamente útil a su patria. En otra parte hablaré del señor Sánchez, de Jalisco, honor de su Estado por sus luces y patriotismo.

El Acta Constitutiva fue recibida con entusiasmo por los que en los nuevos Estados representaban la opinión pública. Los directores de los asuntos organizaron las elecciones para formación de legislaturas, y en donde aún no las había, comenzaron a tomar una marcha más regular todas las cosas que habían permanecido hasta entonces en mucha confusión.

Grande era, a la verdad, el embarazo en que se encontraban los encargados de los poderes y de la dirección de los negocios. El nombre mismo de federación era nuevo para muchos de ellos; no tenían ni podían tener ideas sobre una forma de gobierno de la que no se habían ocupado los libros políticos franceses y españoles que circulaban en México.

Esta forma de gobierno presta muy poco campo a las teorías constitucionales que han agitado por medio siglo la Europa continental. No habiendo sido la consecuencia de doctrinas abstractas ni de discusiones metafísicas, sino del estado de cosas en los Estados Unidos, de la material situación de las relaciones e intereses sociales antes de la emancipación de aquel vasto territorio, las autoridades han ido naturalmente y sin violencias poniéndose en su lugar, y las leyes y las disposiciones constitutivas que han venido después de la existencia de los gobiernos nada han alterado, en vez de que en muchas naciones de Europa y América las constituciones y las leyes orgánicas han creado y dado existencia a un estado de cosas que no había ni hubiera venido por el curso natural de los acontecimientos.

Esta observación es muy importante, y debe servir para explicar los obstáculos que se encuentran a cada paso en esas sociedades en donde todo es ficticio y efecto de sistemas inventados o mal imitados. Y si en las naciones que han dado a luz estos sistemas se marcha con tanta dificultad y se experimenta un continuo roce entre las diferentes ruedas de la gran máquina social; si los mismos creadores de esas hipótesis convertidas en tesis constitucionales tienen necesidad muchas veces de volverse atrás, de detenerse, de apelar a antiguas tradiciones o usos establecidos, al auxilio mismo de la superstición, para poder hacer marchar el Estado constituido sobre sus nuevos teoremas políticos, ¿qué deberá acontecer con esos hombres lanzados repentinamente en la carrera política, colocados por la magia revolucionaria a la cabeza de los destinos de su patria, sin entender ni lo que son, ni lo que harán, ni lo que podrá suceder? Estas consideraciones, que sólo las indica el historiador, son una materia de reflexiones profundas e interesantes para el político y el filósofo.

El sistema federal fue jurado y reconocido en toda la república; el voto general se había cumplido, como se expresaban los corifeos de esta doctrina. La paz pública estaba restablecida en la extensión del territorio, y el poder ejecutivo desempeñaba sus funciones tranquilamente después de la asonada última. El ministro Llave había partido para su casa en Córdoba, huyendo de los peligros del ministerio amenazado en la pasada revolución. El poder ejecutivo estaba desempeñado por los señores Guerrero, Domínguez y Michelena, porque los propietarios estaban en comisiones fuera de México.

Es necesario que los lectores se enteren de lo que hizo entonces Michelena. Este último lo hacía todo con don Lucas Alamán y el diputado Arizpe, porque Domínguez, hombre octogenario, de un carácter débil y condescendiente a pesar de su extremada honradez y probidad, y Guerrero, constantemente atacado de los dolores y hemorragia, efectos tristes de la herida que recibió pocos meses antes, inhábil para dedicarse con constancia a los asuntos públicos, no podían oponer resistencia al sistema de intrigas que dirigía el gabinete. Michelena, aprovechándose del abandono que todos habían hecho del supremo poder en sus manos, se hizo nombrar general de brigada y conferir el encargo de ministro plenipotenciario en Londres, aun cuando no había tratados existentes ni de consiguiente México estaba reconocido como nación independiente por aquel gobierno.

Pero esto no importaba a Michelena. Se dió a sí mismo las instrucciones que creyó útiles y convenientes, no al bien de la nación, sino a sus intereses, para compra de buques, de vestuarios, de armamento, etc.; y con estas facultades omnímodas para disponer de los productos del primer préstamo en que la nación iba a empeñarse, partió para Europa en marzo de 1824. De esta manera, en la República Mexicana se disponía ya de caudales que se tomaban a un interés subido, destinándolos a objetos frívolos, inútiles o ficticios.

El 20 de noviembre de 1823, don Agustín de Iturbide, que se hallaba en Liorna, noticioso de las disensiones que ocurrían en México y de la voz levantada contra la existencia del congreso constituyente, como hemos visto, se hizo a la vela en un buque inglés para Londres; pero abogado por una fuerte tempestad a regresar al puerto el barco en que iba, se determinó a partir por tierra a principios de diciembre siguiente, y atravesando rápidamente el Piamonte, en lugar de tomar por Francia, se dirigió a Ginebra, y siguiendo por la orilla derecha del Rin, entró por los Países Bajos, y embarcándose en Ostende, llegó a Inglaterra el 31 del mismo mes.

Mr. Michel Joseph Quin, amigo del señor Iturbide, dice en el prefacio de las Memorias de éste que varios avisos secretos de que se trataba de entregarle a Fernando VII le obligaron a salir de Italia, evitar la entrada en Francia y ponerse a salvo en la nación única que entonces ofrecía en Europa garantías y hospitalidad a todos los emigrados por asuntos políticos. Yo no pronuncio mi juicio acerca de este hecho; mas la salida posterior de Iturbide de Londres para las costas de México hace formar la presunción de que ya tenía un proyecto de regresar a su país. En el post scriptum de sus Memorias dice:

El tiempo que ha transcurrido después de haber concluido este escrito me ha ofrecido la ocasión de observar que los acontecimientos ocurridos en México después de mi salida confirman plenamente todo lo que yo había dicho con respecto al congreso. Se le ha visto prolongar la duración de sus sesiones, a fin de apoderarse de todos los poderes y de formar una constitución conforme a sus deseos. Esta conducta es incompatible con la autoridad limitada que se le confirió, y manifiesta su menosprecio por la opinión pública y por las representaciones enérgicas que le han dirigido las provincias para que se limitase a formar una nueva convocatoria.

De aquí ha resultado que las provincias, para forzar al congreso a condescender, han ocurrido a medidas violentas, tomando las armas y rehusando obedecer a las órdenes de esta asamblea y a las del gobierno que ha formado. Este hecho ofrece una prueba inequívoca de la mala opinión que el pueblo tiene de la mayoría de los diputados.

La convocatoria de un nuevo congreso pide necesariamente tiempo y gastos, y de consiguiente se puede inferir que el pueblo no hubiera ocurrido a este expediente nunca si hubiera visto a la mayoría de los actuales diputados como legisladores sabios, virtuosos y moderados, o si la conducta de estos diputados después de su nuevo ingreso en el santuario de las leyes hubiese sido conforme al bien general, en lugar de estar subordinada a sus ambiciosos y siniestros designios.

Esto escribió el señor Iturbide poco antes de salir de su retiro de Liorna, en donde recibía noticias, y aun invitaciones, según afirma Quin, a quien es regular se las haya comunicado.

Iturbide estaba lleno de la idea de su poder y de su prestigio. Creía que las revoluciones que se hacían en su patria no tenían otro objeto ni mira que su restablecimiento, y medía los proyectos de todos los mexicanos por los de Bustamante, Quintanar y su compadre don Juan Gómez Navarrete, redactor de El Águila Mexicana.

Lleno de estas ilusiones, arrastrado por el amor, tan natural, que tienen todos los hombres a su país natal, preocupado con el ejemplo de los rápidos triunfos de Napoleón cuando su desembarco en Cannes, y olvidando su terrible caída, y más que todo la funesta catástrofe del rey Murat, se arrojó de nuevo en el golfo de la política y de las revoluciones.

En Londres encontró nuevos incentivos. En Bath recibió, según el testimonio de Mr. Quin, cartas de México en las que se le instaba del modo más eficaz para que volviese cuanto antes a aquel territorio.

Sin ninguna mira de elevación personal -dice su amigo-, sólo consideró la independencia de México que había tenido la gloria de fundar, y resolvió, aun cuando sólo tuviese que servir como un simple soldado, tomar un fusil, y en caso necesario derramar hasta la última gota de su sangre en defensa de una causa tan sagrada.

El 7 de febrero contrató don Francisco de Borja Migoni, con la casa de B. Goldsmith y Compañía, el préstamo para que había sido autorizado el gobierno por el congreso mexicano, en la suma de 3.200,000 libras al 5 por 100 de interés anual, y al precio de 55 por 100.

Todavía no comenzaba a tenerse en Londres la opinión ventajosa que posteriormente se formaron los ingleses de las riquezas del país y de la facilidad de explotarlas.

La presencia de don Agustín de Iturbide, que amenazaba con una tentativa sobre México, era además otra causa para que los prestamistas no entrasen en más amplias concesiones; y así, aunque desventajoso por el precio bajo en que se contrató este préstamo hecho por Migoni -atendidas las circunstancias referidas y la de ser el primero que salía a la plaza de Londres, en donde las relaciones con México eran casi ningunas-, fue todo lo que quizá se podía hacer en aquella época.

El mal no provenía de los términos de la contrata, sino de la resolución de hacer el préstamo, cuando las medidas de economía en el país hubieran sido suficientes para satisfacer las necesidades del momento, como lo manifestó el uso que se hizo de los productos de este empeño, consumidos en su mayor parte en artículos inútiles, como lo veremos después.

He indicado que la casa del R. P. Staples proporcionó al gobierno de México la suma de cerca de un millón de pesos para pagarse después con los productos del préstamo de Londres, tomando además todas las hipotecas que exigió. En esta negociación, Staples fue apoyado por la firma de Mr. Harvey, que recomendó la casa prestamista y aseguró su responsabilidad. El gabinete inglés no aprobó el que un agente diplomático suyo entrase en semejantes contratos ni se mezclase de manera alguna en negocios mercantiles o bursátiles, y en consecuencia relevó a Mr. Harvey inmediatamente, sustituyendo en su lugar a Mr. Morier, que salió de Londres en julio de este año, embarcándose en Portsmouth.

Mr. Morier había viajado en el Oriente y escrito algunas observaciones curiosas sobre la Persia y demás provincias del Asia Meridional. Es un inglés bastante instruido, de modales francos y urbanos y muy afable. Este juicio es tanto más imparcial cuanto que los informes que dio de México a su gabinete no fueron muy ventajosos al país, y quizá fue más severo con respecto a los mexicanos que lo que merecían.

El corto tiempo de su mansión en la capital y la clase de personas con quien trató no daban suficiente materia para juzgar. Pero nada es más común que estos juicios que los extranjeros forman sobre los pueblos que visitan, hablando de las poblaciones como se pronuncia sobre la clase del terreno, las producciones naturales y otros objetos que no pueden admitir modificación, como las costumbres y disposiciones morales de los individuos. Mr. Canning no obró de acuerdo con los informes de Mr. Morier, pues a pesar de ellos continuó dando órdenes para formalizar los tratados que debían producir el reconocimiento de la independencia mexicana un poco más tarde.


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