include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Cogobierno desde La Catedral Verdadera historia de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel-hotel by , available in its entirety at Smashwords









COGOBIERNO DESDE LA CATEDRAL


La verdad sobre la fuga de Pablo Escobar de la cárcel-hotel


General (r) Gustavo Pardo Ariza































Cogobierno desde La Catedral

La verdad sobre la fuga de Pablo Escobar de la cárcel-hotel

© General (r) Gustavo Pardo Ariza

Ediciones GPA

Bogotá-Colombia

Primera Edición

Impreso en Colombia por Panamericana Editores

ISBN: 9781370794447

Smashwords Inc.

No se podrá reproducir este libro por ningún medio físico, electrónico, reprográfico de audio o video, sin autorización escrita del editor. Hecho del depósito de Ley en Colombia. Todos los derechos reservados.








ÍNDICE

Prólogo

El hecho central

El precio de ser soldado

Contra quién combatimos

¿Era la catedral una cárcel?

Cronología de un fracaso

Para una evaluación por parte del lector

Epilogo




PRÓLOGO

Algún motivo, o tal vez un simple azar, ha puesto en las manos del lector este libro. Mi intención, con estas palabras iniciales, es situar, frente al criterio personal de éste, un testimonio, una denuncia, una lección, pero también una esperanza. Se trata de un Prólogo, es decir, de lo que según el Diccionario de la Lengua Española de la Academia "está antes del logos", "de lo que se va a decir".

¿Cómo calificar lo dicho en este escrito, luego de haberlo terminado y de hacer pasar por la memoria la serie de los hechos acá relatados?

Ante todo, estas páginas son un testimonio. En este sentido, aspiro a que el público común y corriente complete en algo el recortado panorama, hoy ya casi sumido en el olvido, de la fuga del narcotraficante Pablo Escobar.

Tengo plena conciencia de la gravedad de lo que queda escrito, porque, como se ha dicho, "escrito está". Es decir: reposa ahí, en unas páginas impresas que no se las lleva el viento como a las palabras únicamente pronunciadas.

Pero además son una denuncia. No se trata de una denuncia penal, sino de algo más hondo y decisivo: se trata de la denuncia que se hace -en forma firme, con hechos- de la crisis y derrumbamiento de gran parte de la clase política dirigente de Colombia, que sin consideraciones de orden ético o nacional, tras la búsqueda sólo de beneficios egoístas, intenta por todos los medios amordazar a una de las pocas instituciones sólidas que quedan: las Fuerzas Militares.

Dichos personajes de la política buscan perpetuarse en el poder, para así mantener y aumentar sus beneficios personales. Empleando para ello slogans, frases o giros pomposos de múltiples interpretaciones que muestran su doble moral, lo cual, por otra parte, les ha permitido ir paralizando la acción de la Fuerza Pública, sin que les importe fortalecer con ello la subversión.

Este alud siniestro de bandoleros asesinos y secuestradores, de narcotraficantes y extorsionistas, es el resultado de las actitudes claudicantes de los líderes políticos en quienes creímos. Y no es extraño que ante este libro, la crítica imperante, cobarde y envilecida, pase como por sobre ascuas y, en consecuencia, prefiera poner una cortina de silencio. Pero además de un testimonio y una denuncia,

Pero además de un testimonio y una denuncia, estas páginas son una lección para las generaciones venideras, ya que muestran a que tenebrosas y apátridas actitudes conduce la vida de los hombres públicos, de los altos dignatarios civiles, cuando no transcurre rectamente sino en medio de trapisondas y aparentes soluciones. ¡Cómo le falta al país un gran político, una cabeza clara y patriota que tenga en cuenta la calidad de nuestras Fuerzas Militares y restaure el orden y la autoridad para que podamos disfrutar de la libertad y la democracia.

Al entregar estas páginas a la imprenta para su publicación, me queda lo que Ortega y Gasset llamaba "el premio único, el premio suficiente, el premio máximo al que cabe aspirar" y que es éste: "poder irse tranquilo" (Obras Completas, tomo I, Madrid, 1963, pág. 420). Por ello no quiero dejar en el lector un sabor amargo o un gesto de mal humor sino abrir, hacia el mañana, una esperanza. Porque, a pesar de todo, y contra lo que podría pensarse a la ligera, mantengo intacta mi fe en Dios y en mi Patria.

El autor




CAPITULO I

EL HECHO CENTRAL

"He aquí el tinglado de la antigua farsa"

Jacinto Benavente, dramaturgo español.

1.1- Una "sinfonía" extraña:

El fiasco de La Catedral fue una sinfonía de órdenes y contraórdenes increíble. El Comandante del Ejército, general Manuel Murillo González (q.e.p.d.), no dijo el verdadero alcance de la misión que debía cumplir el comandante de la Cuarta Brigada, con el fin de mantener la reserva de la operación exigida por el Fiscal General de la Nación Gustavo de Greiff.

El ministro de Justicia, Andrés González, sin estar enterado del asunto, emitió órdenes imprecisas al viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza de la Torre, y lo envió a acompañar al coronel Hernando Navas Rubio, Director Nacional de Prisiones, que nada sabía de la situación y a quien nadie dio la más mínima instrucción sobre lo que debía hacer y, mucho menos, de cómo lo debía hacer, pero de todos modos debería coordinar.

Cuando el viceministro quiso desde Bogotá en el aeropuerto del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), hacer claridad sobre su misión y la de Navas, el Ministro González le dijo que el general Gustavo Pardo, Comandante de la Cuarta Brigada en Medellín, tenía toda la información.

Cuando se aclara la misión, el general Farouk Yanine, Jefe de Estado Mayor Conjunto, da la orden de realizar la operación y el general Murillo lo desautoriza. Los dos funcionarios enviados desde Bogotá en lugar de ordenar a sus subalternos los guardianes que procedan a entregar su responsabilidad al Ejército, entran a dialogar con Pablo Escobar para pedirle su consentimiento y terminan secuestrados.

"La sinfonía" continúa cuando disponen, desde Bogotá, que las Fuerzas Especiales Rurales conduzcan el rescate de los rehenes, pero que deben esperar a que lleguen las Fuerzas Especiales Urbanas. Que actúe con contundencia, pero que vaya mirando la situación y que si las cosas se ponen feas, que actúe con flexibilidad.

Para rematar, el general Manuel Murillo pasaba unas órdenes a través del general Yanine y otras, ordenando lo contrario, a través del mayor Samuel Fonseca, quien era el oficial de enlace de comunicaciones entre Bogotá y el Comandante de la Cuarta Brigada, ya que no existía comunicación directa entre el Comandante de la Brigada y el comandante del Ejército.

Órdenes y contraórdenes son señal de desorden, y si no hay claridad para emitir las órdenes cada quien las interpreta a su manera. Esto lo confirmó posteriormente el general Yanine Díaz, cuando dijo que él también estuvo huérfano de información sobre lo que se pretendía hacer y cómo se debía hacer y que todo era ordenado por el señor general Manuel Murillo, al afirmar: "Créanme que yo no sabía qué órdenes se estaban ejecutando en Envigado".

─ ¿Pardo, por qué no cumplió la orden?

─ ¿Cuál orden mi general?

─ ¡La de tomarse la cárcel!

─Qué pena mi general, pero usted a mí no me dio esa orden

Luego de una pausa de culpabilidad, el señor general Manuel Murillo aceptó que no había emitido esa orden y agregó:

─El envío de los dos funcionarios del Ministerio de Justicia a La Catedral fue funesto, y fui yo quien lo propuso─.

Esta conversación ocurrió el jueves 23 de julio de 1992, en la oficina del Comandante del Ejército en Bogotá. En ella se resumen las razones por las cuales el comandante de la Cuarta Brigada fue llamado a calificar servicios, para que la figura del "revolcón político", de la administración Gaviria, siguiera incólume a costa de colocar en entredicho la imagen del Ejército y mi honra.

Los funcionarios del Ministerio de Justicia, viceministro y Director Nacional de Prisiones, fueron enviados por su superior a la cárcel de La Catedral, para coordinar un relevo de guardias.

Después que la operación, dirigida desde Bogotá por inexpertos estrategas de escritorio, se tornó en un estruendoso fracaso, los verdaderos responsables de la catástrofe no tuvieron el suficiente valor y entereza moral, para aceptar sus fallas y, por ende, sus responsabilidades.

Luego quisieron escudarse tras la versión amañada según la cual habían ordenado la toma de la cárcel por parte de las tropas, versión que paulatinamente se desmintió, probando que era imposible e ilógico ordenar que una organización gubernamental armada, se tomara por la fuerza una instalación gubernamental, custodiada por personal gubernamental armado.

Parece ser que la lógica no fue la mejor invitada a la sala de la crisis. No recibí la información detallada y concreta de lo que se debía hacer, ni supe cuál era el propósito que perseguía el Gobierno Nacional.

Las órdenes que recibí no fueron claras, ni lógicas, ni precisas, ni oportunas, ni concisas, fueron incompletas, no se me dijo toda la verdad, y así fue imposible que el actor principal de la película supiera qué pensaba el director de la obra.

¿Es posible proyectar, planear, prever situaciones y desarrollar operaciones militares, sin tener claramente definido el objetivo principal de las mismas?

Como se verá a lo largo del texto, cada quien, a su acomodo, dio una interpretación personal o de interés político a la orden presidencial (si es que la hubo) de cambiar de cárcel a los reclusos de La Catedral, pero la evidente falta de precisión acerca del objetivo de la misión encomendada a los dos funcionarios del Ministerio de Justicia, que viajaron a La Catedral, condujo a la desnaturalización de la misión.

Aún flota en el ambiente la duda. ¿Por qué cuando arribaron al penal el coronel Navas y el viceministro Mendoza, no informaron al Comandante de la Cuarta Brigada cuáles eran las órdenes e instrucciones que de sus superiores habían recibido y de qué manera las iban a ejecutar?

La razón es lógica: porque no les dieron instrucciones ni misiones precisas. Mendoza tenía confusión Navas nada sabía. Una escueta realidad es que no hubo criterios claros para la ejecución de las órdenes impartidas; fundamentalmente por la ausencia de claridad de quienes las emitieron. Desconozco aún qué tipo de coordinaciones se les ordenó hacer a los funcionarios del Ministerio de Justicia que viajaron de Bogotá a La Catedral, pero sí tengo claro que nada cumplieron.

Por este motivo ambos emisarios acuerdan, entre ellos, quien ingresa primero al penal. No fue una orden mía. Pero ni Navas ni Mendoza coordinaron nada con las autoridades carcelarias de La Catedral. La actitud de consenso fue, esencialmente, negociar con Pablo Escobar, procedimiento anormal que rechacé categóricamente y califiqué como ingrediente importante del fracaso, porque en la práctica se estaba consultando y requiriendo el visto bueno de Pablo Escobar y demás reclusos, para que el Estado pudiera contener los desmanes que, según el Fiscal General, se estaban cometiendo. Todo ello merced al truculento acuerdo inserto en el contrato de arrendamiento entre el Ministerio de Justicia y la Alcaldía de Envigado.

Al regresar de La Catedral a Bogotá el 22 de julio de 1992 el viceministro Mendoza, en declaración ante un fiscal especial, dijo que la misión que ellos llevaban era comunicar a los reclusos (Pablo Escobar y sus secuaces), la determinación del gobierno de trasladarlos a otro lugar.

Posteriormente, al parecer de acuerdo con el presidente y sus asesores el viceministro cambia cínicamente sus declaraciones para salvar a los verdaderos responsables, y ante la Procuraduría afirmó que el Ejército había debido tener tomada la cárcel a su llegada. ¿Se me pueden exigir alternativas de orden táctico, técnico, operacional o militar, cuando está demostrado que las actuaciones de la Cuarta Brigada, en su conjunto, estuvieron supeditadas, esa fatídica noche, a las decisiones del comité de crisis presidido por el presidente Gaviria, quien desde un principio condicionó todas las órdenes y su ejecución a la espera del criterio de inexpertos asesores e inmaduros estrategas políticos, para dar el siguiente pasa del cuestionable procedimiento?

A lo largo de las diligencias penales y disciplinarías he demostrado, como consta en los expedientes, que desde antes de producirse el fracaso de La Catedral, el comandante de la Cuarta Brigada requirió, y hoy sigue requiriendo, se establezcan las responsabilidades y se impongan ejemplares sanciones para quienes cometiendo aberrantes y flagrantes violaciones al orden jurídico, admitieron abierta y soterradamente los lujos y los excesos hallados por las tropas en La Catedral.

Reitero que durante 13 largos meses puse en conocimiento de mis superiores las Irregularidades que acontecían en La Catedral, y se solicitó su corrección urgente e inmediata. Sé que mis solicitudes fueron tramitadas por el conducto regular al Ministerio de Defensa, no sé si allí se tomó o no alguna medida, lo cierto es que hoy, lamentablemente, tengo que decir que ninguno de mis requerimientos fue atendido o solucionado.

1.2- Una condena de antemano:

Inmediatamente después de configurado el fracaso de "La Catedral" se inician paralelas investigaciones en lo penal y disciplinario. Si bien la primera se caracterizó por la celeridad y claridad conceptual, no puede hacerse la misma afirmación respecto de la segunda, cuya constante fue la lentitud, pero por sobre todo un soterrado propósito de encontrar el chivo expiatorio de una operación que no fue planeada ni ordenada adecuadamente. Más aún, que en el fondo no existió.

En efecto: tras una indagación que duró aproximadamente 12 meses, se formuló pliego de cargos tanto al General Murillo González, como al comandante de la Cuarta Brigada. Al primero por no haber dado órdenes claras, ni precisas, ni concisas y por no haberle dicho la verdad completa sobre la misión al Comandante de la Brigada; al segundo por no cumplir esas órdenes...

Mi respuesta al pliego de cargos, a más de insistir en la ausencia de culpa, enfatiza sobre mi absoluta ajenidad en el fracaso del operativo, poniendo de presente la inconsistencia y la contra-dicción de los cargos formulados.

En las postrimerías de la administración del Procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, y cuando el gobierno Gaviria ya se aproximaba a su fin, súbitamente fue encargado de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares el doctor Rafael Bailen M., que en un reto a las leyes de la naturaleza, en un tiempo récord de 15 días profirió fallo de sanción en un expediente que, para entonces, constaba de más de 35.000 folios... Este insólito hecho se sucedió porque era necesario, a como diera lugar, por lo menos dejar libre de cualquier pecado al gobernante y a sus asesores que saldrían del Palacio el 7 de agosto de 1994.

En este caso existió una flagrante violación al artículo 29 de la Constitución Política Colombiana que establece el debido proceso, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Parece que con el velado deseo de sancionar un general, para limpiar de culpa a los verdaderos responsables del fiasco, se olvidó intencionalmente, al parecer por orden directa del Procurador Arrieta, que Colombia es un Estado de Derecho, donde el sistema de principios y reglas procesales crea y perfecciona el ordenamiento jurídico, para controlar el abuso del poder estatal. Nada de esto se cumplió en mi caso. Es deducible la evidencia de que el general

Pardo, Comandante de la Cuarta Brigada, estaba condenado de antemano. Curiosamente, dentro del proceso disciplinario, no se aceptaron pruebas válidamente aportadas ni los testimonios de los entonces ministros de Defensa Rafael Pardo Rueda y Justicia Andrés González, lo cual significa que el fallo no obedeció a la evidencia jurídica procesal.

En una ostensible violación del principio del derecho al debido proceso, se me impuso la máxima sanción de destitución, es decir, quedé ubicado al nivel disciplinario que se aplicó contra quienes sí antepusieron apetitos corruptos a las obligaciones morales, constitucionales, legales y profesionales, al permitir que por el sector de su responsabilidad escaparan los delincuentes.

Después de notificarme de la sanción impuesta, interpuse el recurso de reposición en el cual, una vez más, aporté y sustenté las pruebas que mostraban mi inocencia. Pedí vehementemente que se hiciera un juicio en concordancia con el derecho y la verdad real.

Fue así como el nuevo Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, doctor Jesús Orlando Gómez López, tras analizar, valorar y sopesar el acopio probatorio durante diez meses aproximadamente, revocó la sanción impuesta en escasos quince días, y en su lugar dispuso absolverme de todos los cargos. Hecho que pone de manifiesto el carácter político del fallo proferido en vigencia de la administración Arrieta.

Mi inocencia y el convencimiento de haber cumplido las órdenes impartidas por mi superior fueron los motivos que me indujeron, a solicitar ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, convocatoria para un juicio formal en un Consejo de Guerra, pero mi solicitud no fue atendida.

Sin embargo, la justicia penal militar abrió investigación en mi contra, la cual concluyó con un auto de cesación de procedimiento a mi favor, cuando se demostró ausencia total de precepto incriminador. Lo triste fue que los verdaderos responsables del fracaso fueron, en su mayoría, premiados con becas y comisiones en el exterior, pagados por el erario por obra y gracia de su "ser político". Y, pese a su evidente culpabilidad, no fueron sancionados de ninguna forma.

Al respecto, es importante reproducir el enfoque -muy objetivo- que hizo un periódico de amplia circulación. "La investigación por los hechos de La Catedral: Una payasada. Como los hechos fueron muy graves, el presidente Gaviria destituyó a militares que actuaron en los operativos. Es el caso del excomandante de la Cuarta Brigada, del Comandante encargado de la Fuerza Aérea, del coronel que dirigía la Policía Militar en La Catedral y del Coronel que era el Director Nacional de Prisiones. La pregunta que se hace la gente: ¿Por qué no fueron llamados esos militares a Consejos de Guerra, si las faltas de ellos fueron tan graves? No es el propio excomandante de la Cuarta Brigada quien ha pedido que se le juzgue en consejo de guerra, recibiendo como respuesta que esto es potestativo del alto gobierno?

"Lo que ocurre es que en un Consejo de Guerra, los que saldrían perdiendo serían el propio presidente la República y los que recibían sus órdenes en la Casa de Nariño entre el 21 y 22 de julio. Los militares obedecen las órdenes al pie de la letra, desde el general al soldado, y esta norma es la primera. De suerte que lo que se ha dicho como falla de los militares es lo que haría que un consejo verbal de guerra descubriera otros hechos todavía más graves.

"Pero mientras esto ocurre, como un golpe más contra las Fuerzas Militares -por qué en los hechos no está implicado el cuerpo civil de la policía-, se dice que el exviceministro de justicia, Eduardo Mendoza de la Torre, amigo durante muchísimos años del jefe del Estado, y a quien éste nombra como "Eddy", viajó al exterior a gozar de una beca costeada por los colombianos" {1}.

{1} Diario El Espacio, pág. 5, edición del 15-09-92


CAPITULO 2

EL PRECIO DE SER SOLDADO


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-13 show above.)